Los contratos de trabajo y la trata de personas

Por Jhoel Bustillos 5 meses hace
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El contrato de trabajo es un vínculo jurídico-laboral entre la o el trabajador que presta su fuerza de trabajo a favor del empleador, para realizar un determinado servicio, o la conclusión de una específica obra, servicio a cambio de una remuneración o salario.

El contrato laboral puede celebrarse en forma oral o escrita, por tiempo indefinido, a plazo fijo, por temporada, por realización de obra o servicio, condicional o eventual, en todos estos casos la actividad o servicio debe ser con fines lícitos.

El art.7 del reglamento de la Ley General del Trabajo establece que el contrato individual de trabajo debe contener como mínimo los siguientes puntos para ser considerado legal:

  1. Nombre y apellidos del trabajador.
  2. Razón social de la empresa o empleador.
  3. Los servicios que se van a realizar.
  4. Lugar del puesto de trabajo.
  5. Indicación de si el trabajo se realizará por tiempo determinado, indeterminado, por obra o a destajo.
  6. Monto, forma y periodo de pago de las remuneraciones pactadas.
  7. Plazo del contrato.
  8. Lugar y fecha del contrato.
  9. Inscripción de los herederos, indicando nombres y edad, para los efectos de posibles riesgos profesionales del trabajador.

El abogado Rodrigo Maidana explicó que los contratos de trabajo no solo generan efectos jurídicos, sino también efectos morales porque generan en el trabajador la certeza de que tiene derechos y por otra parte cumplir la palabra del compromiso sustraído.

Los contratos de trabajo en menores de edad

El Código Niña, Niño y Adolescente determina en su artículo 188 que las defensorías deben “crear, implementar y actualizar el registro de las niñas, niños y adolescentes en actividad laboral o trabajo, y remitirlo al Ministerio de Trabajo”. Además de “proteger, defender y restablecer los derechos de la y el adolescente trabajador”, en coordinación con las jefaturas departamentales y regionales de trabajo.

Para tal efecto, el Ministerio de Trabajo generó en 2019 un formulario para que las defensorías pudieran autorizar el trabajo de las y los adolescentes a partir de los 14 años. En este no solo se debe especificar el tipo de trabajo, el rubro, sino que debe contar con la autorización de los padres o tutores y el compromiso del empleador de respetar las horas de estudio necesarias, además de dar sus datos como empresa (NIT y otros).

Al respecto, Kattya L. Peredo Malpartida, jefa de la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, explicó que si no se cumplen los requisitos establecidos por la ley para la contratación de niños, niñas y adolescentes se incurre en vulneración de derechos.

Además de dar la autorización de trabajo, las defensorías de la Niñez y Adolescencia también tienen entre sus atribuciones “apersonarse de oficio e intervenir en defensa de la niña, niño o adolescente ante las instancias administrativas o judiciales, por cualquier causa o motivo y en cualquier estado de la causa, sin necesidad de mandato expreso». Además de “interponer de oficio acciones de defensa y otras acciones legales y administrativas necesarias para la restitución de derechos de menores”.

Al respecto, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, manifestó que se realizó una investigación infantil que arroja los siguientes datos preliminares: Entre 2019 y 2020 de 51 Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) solo siete han registrado y autorizado trabajo adolescente, de estos siete, solo cuatro cuentan con el Módulo de Información de Defensorías (MID). Hasta el momento, únicamente existen 109 adolescentes registrados y autorizados para trabajar en las gestiones 2019-2020, un municipio rural centra 81 registros.

El Ministerio de Justicia no cuenta con datos de autorización y registro, aunque centraliza el MID, solo cuenta con tres registros de trabajo adolescente, sostiene una investigación de la Defensoría del Pueblo.

Si bien existe normativa que pretende regular la situación laboral de los NNA, la ausencia de políticas públicas y la falta de coordinación entre el nivel central y el departamental limitan la protección de los NNA frente a posibles trabajos peligrosos.

La falta de control pone en riesgo que niños, niñas y adolescentes sean victimas de engaños para firmar supuestos contratos que los obligan moralmente a cumplir con una supuesta obligación laboral.

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