Marco Normativo

En Bolivia, los antecedentes de la normativa referida a trata de personas estuvieron en un principio relacionados con convenios y convenciones internacionales. Primero encontramos el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, propuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de julio de 1951, y ratificado por Bolivia en 1983. Después vino la Convención de los derechos del niño, aprobada por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que Bolivia también ratifico el 1 de agosto de 1990, y establecía medidas específicas para la protección de menores de edad ante el delito de trata. Posteriormente, debido a la necesidad de enfatizar en este grupo, se celebró la Convencion Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores, en julio de 1994, que Bolivia ratificaría el 12 de abril de 2003.

En el año 2000, varios países del mundo se adscriben al Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que se adoptó en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en Palermo, Italia, siendo ratificado por Bolivia mediante la Ley 2377, del 22 de noviembre 2001. Desde entonces conocido como el “Protocolo de Palermo”, marcó un hito importante en la lucha contra la trata de personas pues estableció las bases normativas que a futuro posibilitaron la existencia de una ley específica contra este delito.

En el año 2006, durante el gobierno temporal de Eduardo Rodríguez Belzé se aprobó la Ley 3325 de trata y tráfico de personas y otros delitos relacionados y también se creó las divisiones de trata a cargo de la Policía, sin embargo, aún no se trataba de una ley integral.

En 2009, con la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado y las elecciones, se instala la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional y se reinició la discusión sobre la ley de trata.

Finalmente, el 31 de julio de 2012 se promulgó la Ley Nº 263 Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas Bolivia, con el objetivo principal de combatir estos delitos y garantizar los derechos fundamentales de las víctimas por medio de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, persecución y sanción penal. Asimismo, el 6 de febrero de 2013 se promulga el Reglamento de la Ley Nº 263, mediante el Decreto Supremo Nº 1486, para promover la aplicación de la norma de manera puntual mediante operativos y controles.

Además de las anteriores, otras normativas importantes son la Ley Nº 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, promulgada el 9 de marzo de 2013, que sanciona todos los tipos de violencia contra la mujer y se refiere específicamente a la trata como una de los causantes de feminicidio. El nuevo Código Niño, Niña y Adolescente, promulgado el 17 de julio de 2014 que señala en las atribuciones de los gobiernos autónomos departamentales la protección de los mismos contra la trata de personas, y, en cuanto al municipio de La Paz, se tiene la Ley Municipal Autonómica Nº243 de Prevención de Trata y Tráfico de Personas, que busca establecer las directrices para la Política Municipal de Prevención de la Trata y Tráfico de personas y los delitos conexos, y también constituir las líneas para la atención, protección y reintegración de víctimas de este delito en todo el municipio.