El 25 de julio de 2019 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) adoptó, por unanimidad, la resolución A/73/L.101 en la que decidió declarar la gestión 2021 como el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, asimismo, solicitó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) asumir el liderazgo de la implementación de este año.
La resolución subraya el compromiso de los Estados miembros de “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.”
El director General de la OIT, Guy Ryder, sostiene que “El trabajo infantil no tiene cabida en la sociedad», pero es un fenómeno visible y significativo a nivel mundial. En el país, el trabajo infantil fue reconocido con la modificación del Código Niña, Niño y Adolescente; la norma prevé una “autorización excepcional” por parte de la Defensoría de la Niñez y pone énfasis en la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescente (NNA) trabajadores.
Necesidades de los niños, niñas y adolescentes trabajadores
Tras los atropellos y situaciones que sufrían los NNA trabajadores, durante el 2000, surgió la Unión de Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia (UNATSBO) que reconoce la necesidad que tienen varios menores de trabajar y luchan porque el Gobierno los proteja de todo tipo de abusos y trabajos peligrosos.
La representante de UNATSBO, Estefaní Yucra, argumentó que la organización se mantiene principalmente con financiamiento exterior y de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), y exhorta al Gobierno a proponer políticas públicas concretas para la protección de los NNA.
Al respecto, la directora General de la Niñez y Personas Adultas Mayores del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ninoska Durán, sostuvo que durante el 2019 se creó el Subconsejo para la Protección Integral de Niños Y Niñas para la actividad laboral para lucha contra la erradicación de la peores formas de trabajo infantil entre ellas la minería y la zafra.
El trabajo infantil peligroso se encuentra definido en el Art. 3 del Convenio de la OIT como: “el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.” Se calcula que a nivel mundial esta categoría engloba a 73 millones de niños de 5 a 17 años; la OIT estima que 22.000 niños mueren en el lugar de trabajo cada año.
Es por eso, que la determinación de los legisladores bolivianos de incluir y reconocer la actividad laboral infantil fue bastante cuestionada a nivel internacional. Sin embargo, ante la imperiosa necesidad que tienen varios menores de ayudar a sus familias la UNATSBO logró su inserción y posteriormente el 2018, la Ley 1193 modifico el Código. Dentro de la normativa se prevé la protección ante una situación de trabajo infantil peligroso, bajo una autorización especial emitida por la Defensoría de la Niñez.
Sin embargo, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, manifestó que se realizó una investigación infantil que arroja los siguientes datos preliminares:
Entre 2019 y 2020 de los 51 Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) solo siete han registrado y autorizado trabajo adolescente, de estos siete, solo cuatro cuentan con el Modulo de Información de Defensorías (MID). Hasta el momento, únicamente existen 109 adolescentes registrados y autorizados para trabajar en las gestiones 2019-2020, un municipio rural centra 81 registros.
El Ministerio de Justicia no cuenta con datos de autorización y registro aunque centraliza el MID, solo cuenta con tres registros de trabajo adolecente, sostiene la investigación.
Las estadísticas del Ministerio de Justicia señalan que existe una reducción de 739 mil de niños, niñas y adoleces entre 5 a 17 años en actividad laboral durante 2016 a 724 mil en actividad laboral durante 2019, pero con la expansión de la pandemia por COVID-19 estás cifras posiblemente incrementaron así como la deserción escolar.
Si bien existe normativa que pretende regular la situación laboral de los NNA, la ausencia de políticas públicas y la falta de coordinación entre el nivel central y el departamental limitan la protección de los NNA frente a posibles trabajos peligrosos y su erradicación.
Historias para contar
El concepto y las percepciones que tienen los niños sobre el trabajo dependen de las condiciones en las que viven y la situación de su entorno familiar. Las realidades de cada niño pueden llegar a ser muy distantes.
El Observatorio de Trata de Personas del Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer (CECASEM) identificó dos historias. Por un lado, Carlos de 10 años relata que durante el día desayuna, pasa clases, practica futbol, juega con sus amigos y sostiene que los niños no deben trabajar; mientras que la situación de Edith de 8 años es muy distinta, ella trabaja porque su mamá necesita ayuda y no tienen dinero, cuenta que en el día sale a vender comida, pero que le gustaría ver televisión y jugar.
Estas son solo dos versiones de las miles de historias que existen para contar. Por eso, es importante que el Gobierno y los actores sociales coordinen políticas públicas para brindar mejores oportunidades laborales a los padres, luchar contra la erradicación de los trabajos peligrosos a los que los NNA están expuestos y facilitar los trámites de solicitud de autorización.